La ratificación de la Comisión Permanente del Congreso del informe sobre los asesinatos de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado ha servido para mostrar, sin caretas, la voluntad golpista y desestabilizadora de Nuevo Perú, una agrupación que formalmente ni siquiera existe.

Este partido es uno de los pocos aliados que le quedan al cada vez más huérfano gobierno de Pedro Castillo y están usando la decisión autónoma, cuestionable si se quiere, de las bancadas de aprobar el archivo de la denuncia contra el efímero expresidente Manuel Merino de Lama y sus exministros Ántero Florez Aráoz y Gastón Rodríguez, para solicitar el cierre del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente así como “el cumplimiento del programa de cambios con el que el presidente Castillo llegó al gobierno”.

Cabe recordarle a Nuevo Perú que usar muertes para impulsar su agenda es lamentable y que el cierre de un Congreso tiene que cumplir varios requisitos delimitados por ley y no se puede realizar solo porque a un partido se le ocurre. Hacerlo de esta manera es antidemocrático, un delito que convierte en dictador a quien lo comete y en cómplices a quienes lo instigaron.

Los que criticaron el cierre del Congreso por parte de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, están pidiendo que Castillo haga lo mismo. ¿Esto es una payasada? Un poco se seriedad, señores.