Los terribles sucesos por los que atraviesa la patria nos deben hacer reflexionar profundamente sobre la importancia de la solidez de la institucionalidad del Estado y de sus diversos componentes subnacionales.

Este fenómeno de convulsión social, que se ha desencadenado principalmente en la zona sur del país, presenta diversas causas y explicaciones. Entre ellas tenemos el supuesto abandono del Estado y la delictiva idea separatista de algunos políticos demagogos que intentan imponer su ideología en el gobierno a través de una oclocracia.

Con esto en mente, varios líderes regionales, en coordinación con los socios del golpista Castillo, han intervenido para azuzar y atizar las protestas sociales. Además, hay que mencionar otros tres elementos que han permitido el desarrollo de la violencia extrema: la participación de senderistas identificados en las marchas, quienes organizan los piquetes y las brigadas de choque contra la PNP y las FFAA; el financiamiento de las protestas proveniente del narcotráfico, de la minería y la tala ilegal y, por último, la intervención de agentes extranjeros, como por ejemplo, el envío de milicias desde Bolivia con los llamados “Ponchos Rojos”.

Lo que enfrentamos es un ataque violento, preparado y coordinado a la democracia y al modelo de vida de los peruanos. Aunque el fujimorismo siempre insistió en que existían remanentes terroristas, muchos pseudo analistas de la caviarada ridiculizaron la idea de que Sendero aún estaba vivo y activo. Desgraciadamente, los recientes hechos demuestran lo contrario.

La defensa de la democracia debe pasar de la pasividad atontada y lasa, similar a los de los años ochenta, a una defensa activa y coordinada con la civilidad y sus estamentos estatales para enfrentar esta nueva asonada violentista. Si los peruanos de bien somos mayoría, entonces hay que dejar en claro que nosotros deseamos vivir en paz, en una democracia que permita el desarrollo para todos los peruanos.