El Congreso de la República aprobó el recorte de las funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), modificando la ley universitaria del 2015. La SUNEDU, en cumplimiento de la ley, ha denegado el licenciamiento a 50 universidades, 48 privadas y 2 públicas, por no contar con las condiciones mínimas de infraestructura e institucionalidad que garanticen un nivel mínimo de calidad y eficiencia en la formación profesional de los estudiantes. Esas 50 universidades cuentan con una segunda oportunidad para lograr el licenciamiento si corrigen sus déficits estructurales e institucionales, que afectan la enseñanza impartida a sus estudiantes.
Aquellas universidades que lograron el licenciamiento han desarrollado esfuerzos para mejorar no solo la infraestructura, sino la calidad de la enseñanza y la investigación científica. Recordemos que la enseñanza universitaria requiere como mínimo el grado de maestría en su profesión. Lo aprobado por el Congreso frena el proceso de licenciamiento universitario y modifica la composición del Consejo Directivo, regresando a una especie de Asamblea Nacional de Rectores cuyo nombre recuerda el deterioro de la calidad de las universidades.
La vigencia de la autonomía universitaria no es argumento para eliminar el papel rector del Estado en educación, así como el establecimiento de estándares mínimos de calidad, evitando la estafa masiva a estudiantes que por lograr el título o grado universitario, sustentan “universidades” que son verdaderas estafas en educación. Para ser claros, estas universidades tienen representantes en el Congreso y han impuesto sus intereses en este retroceso de la ley universitaria. Los jóvenes están movilizándose para defender la reforma educativa universitaria, la que puede ser insuficiente, pero es un paso adelante si queremos educación de calidad.
