El Congreso propuso un proyecto de ley torpe y discriminatorio que prohíbe el uso de celulares durante las clases escolares. Esta medida discrimina a estudiantes sin acceso a computadoras con Internet en sus escuelas -pero que mayoritariamente sí cuentan con celulares- y convierte a los profesores en celular-vigilantes.

El proyecto busca reducir la exposición al Internet, combatir el ciberacoso, mejorar el rendimiento escolar y disminuir enfermedades mentales en los alumnos. Son objetivos no relacionados con los celulares, que se usan mucho más fuera del horario escolar para acceder a Internet o para ciberacosar. La idea de que los celulares afectan el rendimiento oculta el problema más amplio del rendimiento académico estancando o decreciente de los últimos 40 años.

En países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, altamente desarrollados en el uso de tecnología para su vida cotidiana, no existe prohibición nacional alguna y dejan a criterio autónomo de cada centro educativo decidir a qué edad, cuándo y cómo usar el celular.

Es lamentable que los congresistas se enfoquen en los peligros e ignoren los beneficios, como acceso a recursos educativos en línea, desarrollo de habilidades digitales, comunicación digital, actividades interactivas y colaborativas, ética y seguridad.

La prohibición no es la solución, sobre todo para estudiantes sin laptops e internet. El problema radica en la falta de confianza en los docentes por lo que resulta incomprensible que aunque en el Congreso hay más maestros que nunca, aprueben esta propuesta sin considerar sus consecuencias.