Cuando se discuten los problemas que más preocupan a los peruanos y peruanas, es un lugar común señalar la falta de presupuesto como el único obstáculo a superar. Sin embargo, muchas veces un mejor aprovechamiento de los recursos ya existentes o una coordinación más efectiva, puede hacer una enorme diferencia en la calidad de vida de las personas.
La seguridad ciudadana es un buen ejemplo. La atención que recibe por parte de la población y el Estado es alta. Aún así, un 35% en el Perú ha sido víctima de un delito en el último año y un 63% se siente inseguro en el barrio en el que viven, según el Barómetro de las Américas. El problema es claro: existen diferentes actores, como la Policía Nacional, las municipalidades y las juntas de vecinos organizados, pero no hay un marco legal nacional que facilite el trabajo coordinado.
Por eso, junto a mis colegas Gino Costa y Daniel Olivares, hemos presentado el proyecto de Ley de Distritos Seguros, que logrará un gran nivel de articulación y un enfoque local en la lucha contra la delincuencia. La iniciativa ajusta las jurisdicciones territoriales de las comisarías a las de los distritos e integra las estrategias y recursos policiales y municipales en seguridad. Ello permitirá, entre otras cosas, el tan anhelado patrullaje conjunto entre la PNP y cada Serenazgo, en todo el país.
Pero lo más importante es que le da un rol importante a la población. Las juntas vecinales serán las fiscalizadoras del trabajo de las autoridades. Así el ciudadano, centro de la problemática de seguridad, estará también en el centro de las soluciones.