La incertidumbre cunde, la desconfianza en el sistema democrático se extiende. El gobierno ineficiente genera indefensión. Por un lado está la exigencia del adelanto electoral o de una constituyente que los radicales afirman restablecerá la paz social y la gobernabilidad y por otro está la violencia que lamentablemente se mantiene. Unos pregonan una insurrección que comienza con el rechazo a la Constitución y el Estado de derecho. Y otro, el de la mayoría de la población, pide paz y condena la violencia destructiva que amenaza la infraestructura y los logros nacionales, que no admite el terror contra la minería y la agroexportación que no acepta que se sabotee la economía en momentos mundialmente complicados. Pero todo lo que podamos hacer depende de la pacificación que pone a prueba el Estado de derecho y su firmeza para garantizar la democracia. Lo primero es que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan con sus funciones constitucionales con un sistema de orden y justicia que ya debería estar procesando a los vándalos y terroristas, que han destruido parte del país y amenazan con continuar. Y también poder dar respuesta a los reclamos de abandono que son el caldo de cultivo para que estos violentistas prosperen. Peor que la impunidad ante la anarquía y el caos es la insensibilidad social ante millones de ciudadanos con carencias que comienzan, pero no terminan, en la ausencia de agua, desagüe y electricidad. Un gobierno central debe coordinar con los gobiernos regionales, superar su ineficiencia y corrupción, para alinearlos con los objetivos nacionales teniendo al Congreso como facilitador. Reformular el gabinete con ministros representativos de ancha base. Fortalecer la inteligencia para la decisión política. Apelar a las flamantes autoridades, regionales y municipales para encontrar el diálogo que parece imposible con los violentistas.