En las últimas semanas del mes de febrero, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de Ley para modificar el “capítulo económico” de la Constitución. Con ello, buscan establecer, por ejemplo, una “economía popular de mercado” donde el Estado cuente con protagonismo empresarial. Evidencias del fracaso del Estado Empresario e intervencionista en nuestro país hay muchas. Basta con recordar una de las etapas más perturbadoras en materia económica, que fue la época del Gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales ascendieron a US$ 2,481 millones en 1979, un 10% del PBI, lo que obligó al Estado a endeudarse considerablemente, con una deuda pública que alcanzó un 41.3% del PBI, y a emitir más dinero (grosero error), lo que implicó un crecimiento de la inflación anual del 66.7%. Esta situación inició el proceso de deterioro económico que generó una alta tasa de pobreza. Afortunadamente, de la mano con las reformas estructurales de principios de los noventa, que, entre otras cosas, le dieron paso a la inversión privada, nacional y extranjera, en nuestro país, se logró reducir la pobreza de 42.4% en 2007 a 25.9% en 2021, según cifras del INEI. Si bien es cierto que toda norma es perfectible, ¿tiene caso modificar el régimen económico?, ¿por qué no pensar en establecer mejoras en el capítulo XIV referido a la descentralización, las regiones y municipalidades? Cuantiosos recursos no ejecutados, ineficiencias e indicios de corrupción, son los que tenemos año tras año, y las brechas sociales no se acortan. Ningún sentido tiene petardear aquello que funciona. En cambio, bien haríamos en replantear aquella autonomía que viene siendo mal utilizada en determinadas jurisdicciones en el interior del país.
