Miles de peruanos salieron a las calles el último fin de semana en Lima y algunas provincias para exigir la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Más allá de la indignación y la rabia de los ciudadanos es necesario que haya un correlato de estas movilizaciones para que se cumpla el objetivo de terminar con el desgobierno y la crisis política. Está claro que la gente ya reaccionó. ¿Lo hará el Congreso? Todo indica que no.

U no de los organizadores de la marcha del último sábado, el abogado Lucas Ghersi, fue claro al decir que el Congreso “no hace nada por temor a perder sus sueldos” y que las manifestaciones también son contra el Legislativo, algo que fue más evidente en las provincias, donde a viva voz gritaban que “se vayan todos”.

Ya es habitual que los parlamentarios sufran extrañas metamorfosis. Al momento de votar por la vacancia del presidente Castillo, los frenéticos opositores de la víspera suelen convertirse en prudentes y moderadísimos defensores de la “gobernabilidad”.

El Congreso no solo tiene en sus manos la posibilidad de vacancia sino también la oportunidad de realizar una reforma política y adelantar las elecciones generales, que no será de inmediato, pero con tantos devaneos ya se está perdiendo tiempo. Para ello se necesitan 66 votos. Estoy seguro que, pese a tanto show con las firmas de mociones, ni para eso hay respaldo de la mayoría.

La calle protesta contra los escándalos del Gobierno (cada tres días, en promedio, según un informe de ECData de El Comercio), contra la extrema inestabilidad en el gabinete (75 ministros en menos de 500 días), contra la mala gestión (que le cuesta al estado 10 mil millones de soles), contra las señales de corrupción, pero también contra el Congreso que permite que continúe esta situación.