Los más optimistas creen que el Perú crecerá 2.5 % este año, por debajo del promedio mundial (3.5%) y de la región (2.6%), pero no han previsto el impacto de los conflictos sociales activados durante la semana, ni el tiempo de duración. ¿Cabe la posibilidad de que el gobierno establezca una estrategia para revertir esta situación? No lo sabemos. Lo único que conocemos son las pérdidas económicas, como si esto fuera a asustar a los manifestantes.
Puno es la región más afectada, pierde dinero a chorros al espantar a los turistas (8712 visitantes diarios y S/791 mil en hospedajes y restaurantes) y se da el lujo de cerrar su comercio interno y externo. Incluso, su principal fiesta, de la Virgen de la Candelaria, que genera más de S/110 millones, corre peligro en febrero. Y pese a ser una de cinco jurisdicciones más pobres del país, el mensaje es claro: el dinero no es el problema, sino la política: contra el Ejecutivo y el Congreso, y la instalación de su Asamblea Constituyente.
Entonces, el mensaje de que el país pierde dinero por culpa de los revoltosos y extremistas de izquierda, y que por eso deben parar las protestas, no funciona ahora, ni servirá mañana. El motivo, como he leído en una columna del dinista Richard Arce, es político. Por lo tanto, el tema de la brecha social no es más que una excusa para movilizar a los peruanos desinformados, generar caos, hacer tambalear al gobierno y llamar la atención internacional.
La imagen de la presidenta Dina Boluarte, siempre rodeada de militares y policías, en todas las ceremonias de las Fuerzas Armadas tampoco es suficiente para amedrentar a los protestantes. Ya la gran mayoría del territorio patrio está convencida de que es la legítima jefa de Estado, pero a los sureños no les basta. La solución también debe ser política, y ese es el gran problema del gobierno: no se avizora un panorama positivo. ¿Tendrán Boluarte y su premier Otárola un as bajo la manga?
