Con este título no pretendo referirme a la obra de corte teatral del escritor nacional Sebastián Salazar Bondy. Por lo tanto, Luciano Obedot, aquel pícaro financista de pacotilla que termina como victima de sus propios manejos en dicha obra, no es el personaje a quien deseo aludir en este mi artículo.
Aquí, en este macro teatro lambayecano podemos encontrar a muchos Lucianos Obedots "Reinventados", como: Carlos Roncal Miñano, Ernesto Flores y Olivio Huancaruna, fabricantes de deudas, claro, en empresas que no son suyas como Agro Pucalá S.A.A, donde quienes protagonizan el real y dramático papel de víctimas son los más de 1,700 trabajadores, a quienes ésta trilogía de troleros, les descuentan mensualmente en sus respectivas boletas de pago los conceptos siguientes: AFP, ONP, ESSALUD (seguro agrario), entre otros descuentos de ley. Pero, paradójicamente el denominado CLAN, pese a realizar los citados descuentos, no efectúa pago alguno de los tributos detallados a las instituciones en mención. Es decir, descuentan a los humildes trabajadores dichos conceptos, los consignan en los libros contables de la empresa Agro Pucalá S.A.A, va la veedora judicial Martha Maria Carhuajulca Quispe, designada por el tercer juzgado especializado civil, y se da con la sorpresa que el CLAN de los vivos no ha efectuado pago alguno; lo que representa un grave riesgo para los trabajadores que están ad portas de jubilarse.
Advierte además la veedora judicial, en sus informes mensuales que realiza ante el tercer juzgado civil, que la empresa Agro Pucalá (liderada por el CLAN), no ha pagado tributos como, IGV, renta de tercera, cuarta y quinta categoría desde el año 2005, a mayo del 2009, entre otros pagos a la SUNAT. El no pago de estos tributos conllevará al pago de intereses y multas que perjudicarán económicamente a la empresa, sentencia la veedora judicial.
¿No es irónico?, cuando una pequeña bodega, no emite un comprobante de pago o adeuda a la SUNAT tributos de poca cuantía, la implacable SUNAT cierra estos pequeños establecimientos. Pero, cuando se trata de "inversionistas" como el CLAN, la SUNAT, no ve ni dice nada; ni que decir del ex juez del tercer juzgado civil Gastulo Rojas Díaz, quien pese haber tenido pleno conocimiento de esta mala administración en la empresa, con su silencio fue cómplice de todas éstas irregularidades.
Son interminables las deudas generadas por este consorcio. La única obligación que honraron en pagar es la "millonaria deuda", que según Olivio Huancaruna, la empresa le debía, para lo cual se adueño de chalaca, de taquito, en parte de pago, a través de un controvertido proceso, de las tierras de tablazos y Huacablanca, en perjuicio una vez más del patrimonio "intangible" de la empresa Pucalá. Intangibilidad muy conveniente cuando se trata de no pagar las deudas a la masa trabajadora, pero absolutamente vulnerable, penetrable y accesible, cuando de pagar deudas a poderes económicos se trata.
