El artículo 58° de la Constitución de 1993, consagra nuestro modelo económico, al establecer que “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado” (ESM).
Cuando se habla de ESM tenemos que pensar en una fórmula económica intermedia, ecléctica, que recoge las bondades de la economía capitalista (individualismo económico) y de la economía planificada (colectivismo económico), es decir, la ESM -acuñada por el alemán Alfred Müllen– Armack en 1946, y defendida por los teóricos de la Escuela de Friburgo-, valora y defiende la libertad de la iniciativa privada o de los particulares pero también asume como importante el rol del Estado, cuya participación -si quiere intervención-, debe hacerse con el exclusivo objetivo de asegurar el bienestar de la población.
La ESM le imprime un carácter de justicia social y de equidad al fenómeno económico pues al tiempo que alienta la pequeña, mediana o gran empresa, sin tabúes ni prejuicios, asume que el Estado no puede ser ajeno o desatender las necesidades de las mayorías, generalmente las más vulnerables, por las que debe velar.
De allí que la ESM desprecia, de un lado, al capitalismo salvaje e inmisericorde, que hace más ricos a pocos y más pobres a muchos -los empresarios y financistas estadounidenses desesperados por el impacto de la pandemia del Covid-19 a sus ganancias, satanizaron las cuarentenas y/o confinamientos, queriendo reabrir sus jugosos negocios cuanto antes, sin importarles el alto número de muertos y contagiados-, y de otro, al socialismo-comunismo conformista y retrógrado que explota hasta los huesos el esfuerzo del talento individual -los médicos cubanos que vinieron al Perú, también por la pandemia, debieron darle todo el dinero que ganaron al Estado y éste les devolvió sólo migajas-.
La ESM, busca asegurar que todos tengamos igualdad de oportunidades dentro de una sana competencia que nos permita una calidad de vida digna. Por si acaso, la Constitución de 1979, también decía lo mismo: Artículo 115°: “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado”. Madurez política, entonces, para valorar a la Carta Magna de 1993.
