Cuando un Estado como el Perú se liga a un tratado es porque considera que dicha vinculación jurídica producirá efectos positivos para el país conforme sus intereses nacionales; contrario sensu, cuando estimen que la ligazón se ha convertido en insostenible por la ausencia de beneficios para la nación, pues en pleno uso de su soberanía y en estricto cumplimiento del tratado, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, procede a retirarse del acuerdo a través de un procedimiento absolutamente válido y previsto en la propia Convención que se denomina DENUNCIA señalado en el artículo 78,1 del propio instrumento. La razón para hacerlo es que mientras sigamos atados al Pacto de San José no se podrá aplicar la pena de muerte a los violadores sexuales de menores que fallecen como consecuencia del ultraje y tampoco a los condenados por terrorismo, esto último incluso ya se encuentra referido de manera expresa en el artículo 140° de la Constitución Política de 1993. En efecto, el artículo 4 del tratado lo prohíbe de manera expresa e indubitable y si queremos hacer las cosas bien dentro del derecho internacional americano pues lo que corresponde en lo inmediato es formalizar ante el secretario general de la Organización de los Estados Americanos – OEA, la decisión peruana de denunciar la Convención. No será un procedimiento de efecto inmediato pues tardará un año. Venezuela se desligó del Pacto el 10 de setiembre de 2012 y los efectos de su salida recién se produjeron el 10 de setiembre de 2013. Trinidad y Tobago lo hizo el 26 de mayo de 1998 y quedó completamente fuera de la Convención el 28 de mayo del año siguiente. Es verdad que la decisión de denunciar el Pacto no libera al Estado (Perú) de sus responsabilidades de otros casos que se hallaran en curso por haber sido presentados y asumidos por la Corte como tales con anterioridad a la denuncia y eso es lógico. También lo es que sea un mito creer que por salirnos del Pacto y por tanto de la Corte, seremos sancionados y que quedarán en la orfandad nuestros derechos. Reitero mi propuesta de creación del Tribunal Andino de DD.HH. como lo tienen Europa y África, adecuando el Tribunal de Justicia de la CAN. Es un asunto de decisión política de los países de la CAN y no tendremos que dejar la OEA.