El Perú está asolado por la delincuencia y la extorsión. Agravar las penas, anunciar estados de emergencia con restricción de derechos u otras medidas similares no parecen aplacar ninguna de las situaciones extremas que miles de peruanos vivimos el día de hoy: asalto callejero con armas de guerra, asalto a pequeños negocios, sicariato, extorsión; todo, bajo el absoluto manto del descontrol. Thomas Alva Edison, cuando hablaba de la violencia, señalaba que hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, seremos unos salvajes. Y en nuestro país, pareciera confirmarse que continuamos viviendo en una sociedad de salvajes. El índice de percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones 2024, publicado por el INEI, ubica a la corrupción y a la delincuencia como los principales flagelos que golpean nuestras vidas.

Recientemente, Julio Pacheco, profesor del colegio Julio C. Tello de Ate, fue asesinado delante de un grupo de estudiantes, dentro de las instalaciones escolares. Un hecho abominable, condenable e inadmisible, como todos los demás crímenes que ocurren diariamente en todos los distritos y ciudades de nuestro país y que están encendiendo la mecha de la indignación ciudadana que ya no soporta más; y no olvidemos que el coraje para reaccionar y actuar, sobre todo colectivo, aparece cuando nos sentimos grandemente afectados, aunque se nos perciba como minoría. Ya hoy, el país registra record de homicidios: El 2024 es sin duda alguna, el año más violento de la última década en el Peru.

John Stuart Mill, filósofo y político británico, quien murió hace más de 150 años decía que una persona puede causar mal a otros no solo por sus acciones, sino también por su inacción. El Estado tiene el deber primordial y constitucional de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, a través del trabajo eficiente y planificado de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas, bajo responsabilidad de cada ministro en los asuntos que competen a su sector.  Por ello, exigimos que el Poder Ejecutivo actúe decidida y visiblemente a través de severas medidas, no solo de represión a la delincuencia, sino también de inteligencia, planificación, prevención y erradicación oportuna.