El poder municipal se ejerce en los municipios, provincias y distritos, que forman parte de la división administrativa del país. La noción se vincula a la autonomía respecto al poder central, en especial para administrar su presupuesto con libertad a través de las decisiones del alcalde y sus regidores, sin autorización de una autoridad superior. Este poder, muy cercano al ciudadano, permite realizar obras públicas, gestionar la limpieza o hacer campañas de promoción turística, etc. Aunque es habitual que reciba fondos de las autoridades centrales para sus gastos e inversiones tiene prerrogativas especiales para el manejo de sus recursos propios que vienen de los tributos de los vecinos. Produce sus propios ingresos fiscales para promover su desarrollo económico y cultural y sobre todo para cuidar la vida de la gente. Esta semana el alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha entregado a la Policía Nacional 400 motocicletas para reforzar la seguridad y patrullar la ciudad. Algo muy bien recibido en momentos en que todo el país está siendo atacado a mansalva por la delincuencia organizada que trasciende fronteras. Como bien dijo el alcalde limeño la capital necesita 10 mil motos, y la municipalidad ayudará para que las tenga. Y lo ha hecho con los excedentes presupuestales bien manejados financieramente. Y está yendo más allá. Reunido con los alcaldes de las principales ciudades del país que quieren seguir su ejemplo, ha exigido al gobierno central que les permita el uso de sus excedentes presupuestales, en lugar de que  reviertan al Tesoro Público. Algo justo ya que gran parte de ellos viene de los vecinos. No se justifica que el gobierno central lo prohíba, lo conveniente es su uso con la supervisión y la transparencia necesarias. Más aún, con los graves problemas de corrupción que afronta el Ejecutivo.