El “Caso Rolex” por su envergadura, por tener como protagonista a la presidenta Dina Boluarte y por las enormes incongruencias que muestran los implicados para ocultar una verdad que tarde o temprano saldrá a la luz, viene ocultando, cual eclipse, algunos otros aspectos de las falencias gubernamentales que no siendo explosivas, socavan una gestión que cada vez suma más pasivos. Vladimir Cerrón cumplió seis meses prófugo y nadie sabe dónde está. El cabecilla de “Los Dinámicos del Centro” no podría haberse burlado de la Policía y de todos los servicios de inteligencia competentes sin informantes o socios dentro del Gobierno.
Esta complicidad seguirá siendo cargada por el nuevo ministro del Interior, Walter Ortiz, y todo el régimen hasta el final de sus días. Boluarte, cabe recordar, prestó una de sus cuentas bancarias para los depósitos de Perú Libre, los cuales provenían de la corrupción partidaria gestada en el GORE Junín. Otro es el caso de Nicanor Boluarte. El hermanísimo, investigado por el MP por una supuesta injerencia en la designación de prefectos a cambio de que estos faciliten la inscripción de su partido, Ciudadanos por el Perú, muestra además unas asesorías sospechosas que bien podrían ser vinculadas con servicios ocultos en la estructura del Poder Ejecutivo. La presidenta tiene allí una granada que, por su impericia y blindaje, no ha querido desactivar. Una tercera “bomba de tiempo” seguirá siendo las muertes en las protestas sociales. Pese al carácter anárquico de sus gestores, la Fiscalía, que ha optado por la confrontación con el Ejecutivo -sino fíjense en la cantidad de filtraciones- tendrá allí otra arma para socavar a un régimen que se vislumbra cada más resentido por los escándalos, agobiado por las pesquisas fiscales y desolado políticamente. Julio de 2026, lejos de acercarse, cada vez se ve más lejano en tiempos de Rolex e inexactitudes.
