El próximo 25 de julio, el Poder Judicial tendrá la tarea de decidir sobre el pedido del Ministerio Público para dictar prisión preventiva contra Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, por el Caso Gasoducto Sur, cuyo plazo vence en dos meses. Esta solicitud ha sido catalogada por muchos como un “show”, un “papelón” y un “saludo a la bandera”, considerándola una acción “jalada de los cabellos” por parte del Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato. La razón principal de esta crítica es que la Constitución de Brasil prohíbe la extradición de sus ciudadanos, lo que sugiere que este pedido es un acto puramente demagógico de los fiscales, después de tantos años sin lograr resultados a favor del Estado peruano en este proceso.
Es evidente que el futuro de este caso se presenta sombrío bajo la gestión de fiscales que, al parecer, han sido atrapados por sus propios egos y han perdido su apariencia de imparcialidad y rigor técnico. Esta situación ha complicado gravemente la lucha para que Odebrecht responda por sus acciones. Ahora, ante la falta de resultados tangibles, los fiscales recurren a pedidos irrealizables, más con fines propagandísticos que con el objetivo de hacer justicia.
Esta situación debe llevarnos a una reflexión profunda: no se logrará justicia con fiscales que actúan de acuerdo a sus intereses personales y no en beneficio de la mayoría de los peruanos.
