Qué duda cabe de la importancia de la inversión privada para el crecimiento económico del país. En efecto, la inversión privada responsable no solo es un motor generador de empleo, oportunidades e innovación; sino, además, la principal fuente generadora de ingresos tributarios para el financiamiento de los bienes y servicios públicos que el Estado debe proveer.
Si bien es cierto que hay un meridiano consenso respecto de lo que se requiere para impulsarla, pasa desapercibido en el discurso de todas las izquierdas y derechas un componente fundamental que impone límites a nuestro crecimiento y desarrollo económico y social: esto es, la precariedad de nuestra infraestructura pública.
¿Cómo hablar de educación de calidad si no es posible construir nuevas escuelas en tiempos razonables, de reducción de la anemia sin acceso a agua potable segura, o de competitividad cuando nos toma 200 años pavimentar la red vial en todo el país con el sistema actual? La infraestructura es una condición necesaria para la provisión de servicios públicos esenciales. Genera, además, condiciones para la creación de nuevos mercados y es, sin lugar a dudas, un factor relevante en las decisiones de inversión y generación de industrias de los actores privados.
No obstante, la precariedad de nuestra infraestructura sigue siendo un problema sin resolver si no se emprenden reformas profundas para evitar la paralización de obras o si insistimos en seguir ejecutando proyectos sin visión de desarrollo, por citar algunos ejemplos.
Para el Perú de hoy, es decir, para el Perú post-Castillo; las reformas son ya imperativas para el sostenimiento de nuestra frágil democracia.
Se dice que lo que nos une como peruanos es la comida, la religión y el fútbol. No obstante, nuestra miopía nos impide ver que también nos une el anhelo de prosperidad y desarrollo para los nuestros. Este anhelo, sin embargo, seguirá siendo un sueño esquivo si no empezamos a trabajar en las profundas reformas que el país necesita para llevar bienes y servicios públicos de calidad a la ciudadanía.