El gobierno del presidente Pedro Castillo va a ser el único responsable de lo que pueda generar la temeraria desactivación de 40 bases militares en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde aún operan residuos de la banda terrorista Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.
En la zona permanecen activos los grupos armados al mando de Víctor Quispe Palomino (a) “José”, que si bien controlan dos puntos del VRAEM, se desplazan por diferentes sectores de esta zona que es la de mayor producción de hoja de coca que va a parar al narcotráfico.
No es el momento para la desactivación de bases militares, según dicen muchos expertos, salvo que se esté actuando por razones políticas e ideológicas como las que proclama Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido.
Si es así, habría que ver qué dicen los ministros de Defensa, José Gavidia; y de Interior, Alfonso Chávarry, quienes aunque no lo parezca, algún día vistieron el uniforme de la patria y algo deben de saber acerca de lo que cuesta mantener la paz que ahora se quiere dejar “liberado” del control territorial que ejercen las fuerzas del orden.
Cuidado con volver a poner el VRAEM en manos de terroristas y narcotraficantes.
