La reforma política del país, que establece elecciones internas en los partidos y agrupaciones para conocer a los candidatos a un cargo público, resulta ser una estafa: el próximo 2 de octubre, las regiones y provincias del país volverán a las urnas, como cada cuatro años, para elegir a sus nuevas autoridades, pero la transparencia de este proceso se reduce a lo que ordene su fundador o cacique.
Resulta, pues, que los líderes de los grupos que participarán de estos comicios internos deciden a dedo quién será el próximo candidato a la alcaldía y gobierno regional. Lo demás es puro cuento. Si el dueño del partido, que maneja a su dirigencia, les ordena a sus militantes que elijan a tal o cual postulante, ya para qué ir a unas elecciones internas, más que para cumplir con el papel que exige el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De igual modo, el rompimiento de las reglas en las elecciones internas no está vigilado por algún ente gubernamental, al aún sostener la idea de que el Estado, mediante sus instituciones electorales, no puede vulnerar la independencia de cada agrupación. Pero, claro, sí se les brinda un millonario presupuesto, que sale de nuestros bolsillos, para que subsistan como organizaciones políticas.
Si queremos ordenar los partidos, para que no sean luego investigados como organizaciones criminales, se debe fiscalizar los procesos previos; incluso, pidiendo el apoyo de ciertas organizaciones no gubernamentales como, Transparencia, para que al menos sirvan de garantía. La experiencia indica que nada de esto se cumple porque las dirigencias partidarias y su organización se conducen como en chacra.
