La destitución del general Jorge Angulo como Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los cambios en esta institución han generado muchas reacciones. Es que más que movidas, ha sido un terremoto los que sucedió luego de las agresiones a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho.
El Gobierno ha presentado argumentos discutibles para respaldar esta decisión. La resolución señala que la destitución se debe al incremento de la inseguridad ciudadana, argumentando que “los estados de emergencia decretados no han logrado disminuir la criminalidad”. Sin embargo, cabe preguntarse por qué esta medida se toma ahora, especialmente cuando recientemente la mandataria afirmaba que vivíamos en tranquilidad y paz. Además, el presidente del Consejo de Ministros respaldaba los estados de emergencia, sugiriendo que estos mostraban resultados positivos.
La realidad es que el Gobierno parece carecer de una estrategia clara para combatir la delincuencia, y aún más preocupante es la ausencia de un liderazgo sólido para hacer frente a este flagelo. Todo indica que la agresión a la presidenta ha sido el punto de inflexión que ha llevado a estos cambios. Surge la pregunta inevitable: ¿si no hubiera ocurrido este incidente, la situación en la PNP seguiría inalterada?
Es esencial que el Gobierno asuma un papel proactivo en el diseño de estrategias efectivas y sostenibles para combatir la delincuencia. La seguridad ciudadana no puede depender únicamente de los cambios de nombres en la PNP.
