Hay que poner atención a la intención inconveniente de “eliminar la reforma magisterial” en marcha por parte de un sector de congresistas radicales, y por otro lado de “seguirla precarizando” por parte de algunos economistas, burócratas y opinólogos de la educación. Según el ministro Cadillo aproximadamente 180 mil maestros están en situación de contratados. En los colegios públicos aproximadamente 373 mil ejercen el magisterio.
Por eso coincido con el anuncio del Minedu de mantener la Carrera Pública Magisterial sustentada en evaluaciones, capacitaciones y aumento de haberes con base en los méritos. Esta carrera constituye una política de Estado que desde el 2007 ha costado mucho esfuerzo llevar adelante. Pero para afianzarla no es suficiente considerar sus logros, sino también sus debilidades.
Vengo reiterando hace varios años que una de ellas es la relacionada con la evaluación de nombramiento. Desde el 2015 hasta la actualidad -inclusive a partir del 2018 en que promovimos una ley para que los concursos fueran anuales- han ingresado en cada convocatoria a la primera escala en promedio alrededor del 4% de más o menos 220 mil postulantes en cada concurso (el 2019 aproximadamente 2 %).
De lo que se trata es de fortalecer la “meritocracia magisterial”. De ninguna manera debe suspenderse este año. Pero sí está bien que el Minedu revise la validez y confiabilidad de todo el proceso. En primer lugar, poner atención a la Prueba Nacional Clasificatoria que incluye ítems de comprensión lectora, razonamiento matemático y pedagogía. Pero, además, las rúbricas y los instrumentos de evaluación a nivel de la institución educativa para garantizar que los examinadores actúen con solvencia técnica y ética. No se trata de “suavizar el nombramiento”. El reto urgente es mantener este y los siguientes años una evaluación pertinente para el ejercicio de la docencia pública de calidad con buenos profesores.
