En medio de intensas lluvias, huaicos, inundaciones, enfrentamientos en el VRAEM, y remanentes de tercas e injustificadas protestas en Puno, ha pasado inadvertida la promulgación –por insistencia– de la Ley N° 31702, que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) a la Presidencia del Consejo de Ministros, hecho importante para el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.

Esta es la tercera vez que se habilita a esta entidad para que –con su alcance multisectorial y multinivel– gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional, aunque persiste la falta de entendimiento de la amplitud de la seguridad nacional, incluyendo a funcionarios y directivos de la administración pública que atribuyen tal responsabilidad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, siendo esa la razón por la que la SEDENA fue fusionada por absorción a dicho ministerio en dos oportunidades: 2003 y 2016.

¿Por qué es necesario una institución que gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional? Sencillamente porque los problemas que afectan a la soberanía, al estado constitucional democrático de derecho, la paz social, los intereses nacionales, y los derechos humanos requieren que los esfuerzos del Estado –a través del gobierno– se realicen coordinadamente, enfrentando –de manera holística– todo aquello que se contraponga a la seguridad de nuestra Nación.

Sólo así tendremos posibilidades de concretar acciones para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar en provecho de todos los peruanos. Por tal motivo, es trascendental dar impulso a la activación e implementación de ese organismo público para que retome el significativo trabajo que desarrolló entre 2013 y 2016, el cual fue truncado por intereses ajenos a la Patria bajo el pretexto de duplicidad de funciones. El Perú lo necesita.