La soberanía nacional es la “facultad que posee el Estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población”, por lo que a ningún agente nacional o extranjero se le debe permitir que interfiera con los propósitos del Perú.
En lo político, hemos ejercido soberanía, cuando –conforme a la Carta de la OEA, que señala que cualquier otro Estado “tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”– se hizo frente a las objeciones hechas por los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Colombia, materializando el justificado rechazo ante las expresiones de dichos mandatarios (que desconocen la autoridad de la actual presidenta del Perú) con el retiro de nuestros embajadores en dichos estados, también miembros de la Alianza del Pacífico, hoy puesta en stand by por el capricho de López Obrador.
En lo económico, la alerta efectuada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha llamado la atención por la firma del contrato de compra-venta con ENEL que llevaría a “una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China”, lo cual originaría un escenario de riesgo para nuestra seguridad nacional, pues se perdería el control de un importante sector estratégico, sabiendo que –además– empresas chinas (todas de mayoría estatal) tienen una alta participación en la inversión nacional, y que en el camino de la “nueva ruta de la seda” está el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.
Con la incursión de su flota pesquera, ya en 2020 (también la SNI lo advirtió), China dio muestras que apuestan a ganar todo, lo cual debe motivar la reflexión nacional: la inversión debe ser bienvenida, pero siempre cuidando que la sociedad comercial no llegue a límites en que peligre nuestra soberanía.
