Defender la democracia y el Estado de Derecho es difícil cuando el Ejecutivo usa mecanismos ilegales para mantenerse en el poder, sin escrúpulos ni ética. Esto está sucediendo cuando Aníbal Torres irrumpe en el Pleno para presentar una cuestión de confianza que no corresponde a la política del Ejecutivo. El principio de la separación de poderes se convierte en una farsa si Pedro Castillo pretende reeditar la arbitraria e inconstitucional disolución del Congreso decidida el 30 de septiembre de 2019 por Martín Vizcarra, por una absurda denegatoria fáctica de la confianza. El Tribunal Constitucional rectificó esa barbaridad al validar la ley 31355 que regula la cuestión de confianza, las materias por las que se puede presentar y su definición por votación expresa. Queda claro que la presentada por Aníbal Torres es ilegal e improcedente. Y así lo puede ratificar el Tribunal Constitucional si el Congreso interpone demanda competencial para definir una situación que amenaza flagrante e impúdicamente la democracia. De no hacerlo estaríamos avalando la trampa colocada por Pedro Castillo para quedarse solo en la cancha, con todos los poderes, por la desaparición del esquema orgánico del Estado. Toca al Congreso y al TC defender las competencias reconocidas y asignadas en exclusividad por la Constitución, de lo contrario estaríamos abriendo puertas a la violencia y a la violación de libertades y derechos. El Congreso no puede ser ingenuo, tolerante o pasivo ante el inminente atropello que ya está más que anunciado. A Pedro Castillo solo le importa el éxito de su maniobra con la cual busca la impunidad, pero preocupa al país. Torres jaquea al Congreso al anunciar que si no deroga la ley de referéndum considerará rehusada la confianza y él y su gabinete renunciarán. Solo las fuerzas democráticas unidas pueden neutralizar tan perversos designios.