La enorme desilusión de muchos peruanos sobre la Cancillería donde un grupo de miembros del Servicio Diplomático de la República (SRD), se ha aprovechado de su poder e influencia para vacunarse a espaldas del país, exige del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la transición, Allan Wagner, adoptar, a mi juicio, las inmediatas medidas concretas siguientes:
1° Conforme el anuncio de la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, y en presencia del presidente de la República, Francisco Sagasti, ha declarado al país de que “ninguna persona que se haya favorecido de este hecho (la vacunación) puede continuar actuando en la gestión pública”, corresponde al canciller separar ipso iure de sus cargos y funciones a todos los funcionarios del SDR revelados en esta ignominia nacional.
2° En cumplimiento de las indicaciones del presidente Sagasti, en el sentido de que deberá emitirse una investigación sumarísima, en el ministerio de Relaciones Exteriores, y luego de concluida en tiempo real, deberá materializarse con el rigor que corresponde por la ofensa nacional cometida, las sanciones individualizadas a que hubiere lugar. Ningún ciudadano va a permitir que, como en el pasado, se produzcan las conclusiones del peloteo, que han confirmado a la impunidad en un ámbito del aparato del Estado -que conozco muy bien- del que me resisto creer que pudiera imponerse la idea colectiva de que “otorongo no come otorongo”; y,
3° Para acabar con la montaña de rumores soltada en las redes sociales de que la embajada de la República Popular de China habría ofrecido la oportunidad de vacunación a un considerable número de ciudadanos peruanos o residentes en el país, lo que podría asumirse como una participación en la marginalidad de las normas del derecho nacional, y extensivamente, constituir una flagrante intromisión en los asuntos internos del Perú, el jefe de la diplomacia peruana debería convocar, sin más pérdida de tiempo, al embajador de ese país para que informe al Gobierno del Perú, siempre en el marco de los usos y costumbres diplomáticos consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomática de 1961.
