De gran impacto político y castrense han sido las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la responsabilidad de las muertes ocurridas durante las violentas protestas que sacudieron el país desde el inicio de su mandato. No es un error que de serlo sería garrafal, es desconocimiento o falta de comprensión del rol que la Carta Magna asigna a la presidencia de la República y a las FFAA. Esencial que lea y asuma la organización del gobierno y las funciones dentro de un estado democrático de derecho como el nuestro.  La presidencia no se trata solo de honores quien la ejerce debe estar a la altura del encargo supremo. Un principio a reconocer y respetar es la subordinación del poder militar al poder civil. Si ella es la jefa suprema carga con la responsabilidad, aunque no esté en el campo de batalla. El Estado tiene el monopolio de la violencia dentro de los límites que la Constitución y las leyes establecen, y siendo único e indivisible, su elevada cohesión es un valor a defender política y militarmente. En América Latina tuvimos dictaduras militares que felizmente dejamos atrás para recuperar el poder civil, restableciendo la relación civil-militar democrática. Y desde ahí corresponde unir la visión de fortalecer al poder civil, y la de maximizar el profesionalismo militar. Hay que hacer recordar a quien no lo tenga en mente que el control civil está identificado con el gobierno democrático y el control militar con el gobierno totalitario o absoluto. En democracia la política es determinada por la persuasión y el compromiso; en los gobiernos autocráticos tenemos la amenaza que une fuerza y la coerción para obligar a los ciudadanos a obedecer. No los queremos de regreso ni en el país ni en la región.