El ataque con explosivos sufrido por la sede del Ministerio Público en la región La Libertad debería marcar un antes y un después en la lucha contra la delincuencia, que con este atentado ha pasado de amedrentar a sus víctimas –sean empresas mineras o gente amenazada por extorsionadores–, a dirigir sus acciones contra el Estado encargado de perseguirlos.
Irónico que el primer ataque contra una entidad pública cometido en esta etapa de nuevo terrorismo, sea el Ministerio Público, siempre señalado, y con justa razón, por liberar a delincuentes capturados por policías, al amparo de legalismos y jugadas sospechosas que hacen pensar que los fiscales son unos ineptos o son cómplices de los criminales que ayer les han reventado sus oficinas.
Sin duda la violencia está en ascenso y nada se gana afirmado, como han dicho desde el Ejecutivo y el Ministerio Público, que este atentado en Trujillo es una reacción a los golpes que se vienen dando a las bandas criminales que más bien parecen estar muy tranquilas, al extremo de atreverse, como nunca, a poner una bomba en la fachada de la Fiscalía en pleno estado de emergencia.Si esta situación no es atacada de una vez, no nos sorprendamos con lo que pueda venir más adelante. No se puede esperar hasta julio del 2026 para encontrar soluciones. Puede ser muy tarde.
