La decisión del Gobierno de resolver el contrato con el consorcio PMO Vías para la Nueva Carretera Central y otras megaobras, abre un debate sobre cómo se entiende la estabilidad jurídica en el país.
Provías Nacional sostiene que aplicó una cláusula anticorrupción luego de comprobar que EGIS, parte del consorcio, está sancionada por el Banco Mundial y el BID hasta 2027. Según la entidad, mantener el vínculo exponía al Estado a riesgos jurídicos y reputacionales inaceptables. Desde esta mirada, romper el contrato no es un capricho, sino un deber de integridad.
PMO Vías, en cambio, denuncia una resolución “unilateral, sorpresiva y sin sustento técnico ni jurídico”, basada en hechos previos al acuerdo y ocurridos en otros países, sin sentencias firmes, lo que “vulnera la seguridad jurídica, la buena fe contractual y el derecho a la defensa”. La firma advierte que este precedente espanta inversores justo cuando el país necesita capital, tecnología y confianza para cerrar brechas de infraestructura.
Frente a ambas narrativas lo cierto que es que la obra se volverá a retrasar y el país vuelve a quedar como uno que no respeta contratos que firma. Las próximas autoridades tendrán una ardua tarea: recuperar la imagen del país ante inversores, al tiempo que sanciona la corrupción sin afectar la confianza.
