Hemos sufrido una semana de violencia, destrucción y muerte desde el infausto 7 de diciembre por el autogolpe de Pedro Castillo. Que no se haya concretado no lo hace inexistente ni desconoce sus graves secuelas. La democracia debe defenderse a sí misma y a la población. El adelanto de comicios es una necesidad al igual que las reformas constitucionales y electorales previas que permitan conjurar definitivamente la crisis política que nos afecta. Dina Boluarte debería presidir una transición lo más corta posible para convocar a elecciones para el año 2023. Si bien la sucesión presidencial que la ha llevado a Palacio es constitucional también lo es la búsqueda de la paz social y la protección del orden interno. Si este no se da -como no se ha dado en la primera semana de este gobierno- será necesario recurrir a la presidencia del Congreso como interinato para combatir la anarquía y realizar los comicios exigidos por más del 80% de la población. Igualmente necesitamos mano dura para aplicar severamente la justicia contra Pedro Castillo y los coautores del golpe. También contra quienes consumaron la depredación del Estado con una corrupción que los colaboradores eficaces han informado con lujo de detalles. Bien señala Carlos Hakansson, en estas páginas, que hay un orden de sucesión de la presidencia de la República, que la Carta contempla bajo situaciones límite, como es la desestabilización de la transición política. Así sucedió con Manuel Merino y Francisco Sagasti en una misma semana, ambos titulares del poder legislativo. Y sin dar la razón a quienes desestabilizaron a Merino de Lama, es un buen recordatorio en caso el gobierno de Dina Boluarte no dé la talla frente a la subversión, organizada por el mismo régimen del que ella formó parte notable.