Nuevamente una ley (en esta ocasión la No. 1587 “Ley que establece medidas en materia educativa con el fin de garantizar el derecho laboral de los docentes contratados con más de 3 años”) dirige su puntería a petardear la ley de carrera publica magisterial, pretendiendo incorporar -sin cumplir el rigor meritocrático previsto- al primer nivel del escalafón, a aquellos maestros que no quisieron someterse a los procesos de selección meritocráticos establecidos en las regulaciones vigentes o, simplemente, no las aprobaron y se conformaron con buscar algún contrato temporal.
La ley en cuestión, recientemente aprobada en el Pleno del Congreso y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación fue devuelta por este último, con observaciones, y se encuentra actualmente en la comisión de presupuesto para su revisión.
William Thomson, físico matemático británico, señalaba que “lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”.
Lo cierto es que, a la fecha, la información estadística proporcionada por el Consejo Privado de Competitividad señala que, pese a que los salarios de los docentes públicos se han duplicado desde el 2016 a la fecha, y que de los más de 46 mil millones de soles asignados este año por el Estado al presupuesto público del sector Educación, la mayor parte de los mismos se destina a la planilla del personal y no se ha logrado una mejora significativa en los logros de aprendizaje de los estudiantes, como queda demostrado en la Evaluación nacional de logros en el aprendizaje (ENLA 2023), sino que estos han empeorado en relación a los años anteriores.
Por ello, resulta inadmisible que algunos congresistas sigan pensando que abrir una puerta falsa para que un grupo de docentes ingrese a la carrera publica magisterial -sin evaluaciones meritocráticas- resulte de alguna utilidad para la educación de nuestros niños. No en vano el sector privado en pleno se ha pronunciado en contra de esta pretensión, al igual que el Consejo Nacional de Educación y hasta el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEP) que considera que esta ley genera una discriminación entre los docentes que se esfuerzan y se preparan para lograr una vacante en el sistema meritocrático de ingreso y aquellos que pretenden ingresar con el facilismo de una medida populista y anti popular. ¡Al archivo, ya!
