¿La no-reelección es la solución?

El JNE y la ONPE han señalado en un comunicado conjunto que la violencia podría incrementarse debido a los comicios municipales y regionales de octubre. Ambos organismos electorales advierten que "esta no es una situación nueva. En diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión". Les preocupa, como a todos los peruanos, la penetración del crimen organizado (proveniente del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, del sicariato, de la extorsión, etc.) dentro del mencionado escenario político electoral.

En el contexto descrito, se ha propuesto enfrentar el uso corrupto del poder y de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales, prohibiendo la reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes a partir del 2018. Aunque, siendo el porcentaje de autoridades reelectas, especialmente en el ámbito regional, minoritario, su prohibición no constituye necesariamente una solución a los problemas descritos. Se debe transitar más bien por reformas institucionales e integrales.

Al respecto, Carlos Meléndez ("La Soledad de la Política") considera que desde finales de la primera década del siglo XXI el Perú está experimentando un nuevo ciclo de transformaciones, señalando con acierto que "estos cambios profundos se deben a la confluencia de tres factores distintos que van desde transformaciones económicas estructurales (la presencia intensiva y extensiva de capitales en zonas rurales del sur; la amplitud de la brecha de desigualdad dada la agudeza del crecimiento económico), reformas institucionales (descentralización política, reformas participativas y activación política a nivel local) a rezagos históricos institucionales (dificultad del asentamiento estatal). Estos factores estructurales confluyen en un contexto con partidos políticos nacionales muy debilitados, sin enraizamiento en la sociedad, donde los actores políticos (básicamente operadores o political brokers) tienen dificultades para intermediar las demandas resultantes de las nuevas tensiones sociales...".

Sobre las reformas institucionales acotadas, cabe señalar que con la dación del Decreto legislativo 776 en 1994, se otorgó un mayor sustento económico a las municipalidades y se cambió la distribución del fondo de compensación municipal-FONCOMÚN. Asimismo, el año 2002 se crearon los gobiernos regionales (aunque de circunscripción departamental) con administración de sus presupuestos. Ambas reformas contribuyeron a incentivar la conformación de proyectos políticos en el ámbito municipal y regional al margen de las propuestas partidarias nacionales.

En tal sentido, los siguientes datos son reveladores: a nivel regional, de 25 gobiernos regionales, el año 2002, los partidos nacionales ganaron en 14; el 2006, en 4; y el 2010, también en 4, mientras las listas regionales ganaron 11, en el año 2002, y 21 tanto en el 2006 como en el 2010. A nivel de municipios provinciales, el año 2002 los partidos nacionales ganaron 108; en el 2006, 106; y en el 2010, apenas 77, las listas regionales obtuvieron 32 municipios provinciales el año 2002; 74, el 2006; y 112, el 2010, en tanto las listas provinciales ganaron 54 el año 2002; 15, el año 2006; y 6 el año 2010. A nivel de los 1605 municipios distritales donde hubieron elecciones el año 2010, la dispersión es mayor, pero no tan desfavorable a los partidos nacionales, los cuales ganaron en 693 distritos, pero las listas regionales triunfaron en 845 (el 2006, lo hicieron en 462 distritos y el 2002 en 200).

Resulta evidente que los movimientos regionales, con mayores recursos y poder, crecen electoralmente respecto a los partidos nacionales y listas locales provinciales, aunque carentes de institucionalidad democrática y sin una supervisión eficaz.

No se trata entonces de solucionar los problemas regionales y locales con leyes reactivas ni con decisiones coyunturales y reversibles (acciones de control, fiscalización política, supervisión electoral, administración de justicia, etc.). Se trata de que los poderes del Estado, los organismos electorales y de control, funcionen.