El caso de la niña víctima de un violador en Chiclayo revela el daño que también le causa un sector del país a un ser inocente. Sin dejar de responsabilizar, absolutamente, a quien cometió este abominable delito, tanto las instituciones públicas como los medios de comunicación y la sociedad civil se han encargado de prolongar el sufrimiento a la familia de la pequeña.
Algún indeseable de la policía filtró unas fotografías del rescate de la niña, un material que luego fue viralizado en las redes sociales y en algunos innobles medios de comunicación. Sin tener en cuenta la protección que el Estado debe brindarle a los menores de edad, sean víctimas o victimarios, quienes debieron hacer cumplir esa ley fueron los encargados de violentarla contra el derecho de la propia niña.
Algunos hombres y mujeres de prensa se intentan engañar a sí mismos creyendo que el público desea conocer la identidad de la víctima y de su familia, cuando en realidad debieran enfocar más al violador y su perfil psicópata. Y para enaltecer el morbo, se vuelve a insistir en el debate de la pena de muerte y la castración química para los abusivos de los menores de edad, como si la justicia peruana pudiera aplicarlas.
Años atrás, cuando un candidato presidencial quería darle circo a la campaña planteaba la pena de muerte para los violadores de niños. Sin embargo, una vez obtenido el triunfo, nada de esto era puesto en debate en el Congreso de la República. Hoy hacen lo mismo con la pequeña víctima, a quien no solo la han ultrajado, sino utilizado para exacerbar a la población y desviar la verdadera dimensión del problema de fondo.
