La presidenta Dina Boluarte, al igual que todos los peruanos, tiene derecho a la libertad de movimiento. Puede ir a donde se le plazca dentro del territorio nacional, es más, como autoridad debe hacerlo, y nadie tiene por qué prohibirle el ingreso a determinados lugares del país, y menos con violencia.
Sin embargo, resulta curiosa -a falta de un mejor adjetivo- la terquedad del Ejecutivo respecto a que la mandataria vaya a Puno a celebrar una fiesta y no a entregar una obra, como al menos intentó hacer en Ayacucho, aunque luego trascendiera que el proyecto en marras tiene una serie de vicios.
Dada la crispación en la zona, todo parece indicar que el gobierno anda buscando otra gran protesta en su contra, como la que ocurrió a inicios del 2023 tras la asunción de Boluarte, luego del inepto golpe de estado castillista y que nos envió al subsuelo económico el año pasado.
Ahora, cabe preguntarse por qué un gobierno que dice estar dedicado a recuperar la confianza de los inversionistas, anda buscando tres pies al gato con una posible visita a Puno para “celebrar” la Fiesta de la Candelaria.
Una autoridad debe actuar con responsabilidad y mesura. La señora Boluarte no debe ir a Puno a una fiesta, sino solo a trabajar y entregar obras. ¿O es que quiere que haya una revuelta con muertos?
