En columnas anteriores nos hemos dedicado a señalar los intereses del narcotráfico y la minería ilegal para recuperar sus espacios de poder valiéndose de ciudadanos necesitados, mal informados, sumados a grupos subversivos para sembrar el caos y terror en las calles. Un conjunto de acciones violentas para hacernos olvidar que la política, la democracia y la Constitución son los medios de la civilización para progresar y resolver los problemas que la aquejan. Las democracias consolidadas son exigentes con los candidatos al gobierno, más todavía con sus autoridades electas y reprochar socialmente si incumplen con las responsabilidades confiadas.

Las turbas, incendios, desacato a la ley, atentados contra la integridad física, daños a la propiedad pública y privada no tienen como finalidad alcanzar la libertad y el orden democrático, sino capturar el poder, establecer un nuevo régimen llenos de promesas falaces y perpetuarse como ocurre en países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Cuatro ejemplos de ensayo-error practicados que saltan a la vista por unos regímenes en lo que respecta a sus bajos índices desarrollo, respeto a las libertades y vencer la pobreza. Los reclamos ciudadanos por abusos contra sus libertades civiles y políticas se toman como una afrenta a la “revolución” que se paga con pena de cárcel o la muerte. En resumen, la historia revela cómo los grupos con propuestas extremistas usan la democracia para alcanzar el poder; dicen proteger los derechos medioambientales para oponerse a la inversión extranjera y, finalmente, predican sobre derechos humanos para perseguir a sus enemigos.