Vivimos días de barbarie y destrucción. Una cosa es protesta legítima y otra violencia y terror, delitos punibles con pérdida de vidas, bloqueo de carreteras y aeropuertos, daños enormes a la infraestructura de supervivencia, sabotaje a la economía regional y nacional. Un desastre injustificable que no soluciona nada y agrava la situación post pandemia, con capitales aisladas, comerciantes y pequeños empresarios que asumen grandes pérdidas. No hemos visto provincianos pacíficos que argumentan con razón, hemos visto furia y odio, movidos por un discurso de vandalismo y crimen. Esto no es político es delincuencial. No hay ideología de cambio social en la constante de la devastación. Las imágenes son clamorosas del ataque a la policía nacional desarmada. El país entero ha visto la jornada fatídica del jueves 19, en simultáneo en Lima, Cusco y Arequipa, con un accionar criminal que no representa ningún cuestionamiento político. La incitación a la barbarie persigue la aniquilación y la muerte. Lo sucedido no es revolucionario ni idealista menos aún transformador. Es salvajismo primario sin atenuantes. Nos toca defender la vida, el país y el estado de derecho en democracia. Ningún análisis político resiste lo que estamos viendo. Hay mucho que demandar y necesitamos el cambio, la inclusión y la justicia social pero no al precio de la muerte, la anarquía y la destrucción. Toda crisis política y social debe resolverse dentro del marco constitucional que regula el uso de la fuerza a través de los estados de emergencia y de sitio y de la justicia penal contra el delito. Hay que escuchar las exigencias legítimas dentro del diálogo y el entendimiento con los titulares de la protesta, pero también castigar a los culpables de este desastre que no es político, es criminal contra el Perú y los peruanos.