Al pueblo se le escucha, pero no siempre es el mejor consejero. Lo mismo ocurre con esa otra frase embustera de que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Ambas oraciones son falacias que los políticos evocan cuando no tienen argumentos sólidos para defender un propósito o cuando quieren lavarse las manos. Lo mismo pasa con el control de precios de bienes y servicios.
Por ejemplo, se remarca un clamor de la población por la subida de precios de los productos de primera necesidad, y la urgencia de controlar los costos para que alcance el bolsillo. En este punto, la posible injerencia del Estado terminaría por empeorar la situación al desincentivar las inversiones. Nadie querrá invertir si te van a meter la mano.
El rol del Estado tampoco es desinteresarse de lo que pase en el mercado, pero de allí a ejercer un control sobre lo que se debe pagar por un producto hay una gran diferencia. Peor aún si se le atribuye la necesidad del pueblo de que le alcancen sus ingresos. De ser así, los empresarios que queden estarían pensando en cómo reducir la calidad de su producción.
Que una encuesta revele la minoritaria simpatía del pueblo por el presidente Pedro Castillo no debería inducirlo a responderle con pan y circo. Y eso es precisamente lo que plantea la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República: la supina interferencia del Estado sobre el control de precios en el mercado, supuestamente, libre.
“De darse el estado de excepción, considerado en el Artículo 137 de la Constitución Política del Perú, o por desabastecimiento en la atención del mercado nacional, el Estado peruano puede intervenir para regular el abastecimiento y los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas públicas y privadas para garantizar el bienestar de la población”, se lee en la propuesta. ¿Y quién decreta el desabastecimiento? El Ejecutivo, pues, a favor del pueblo.
