La próxima semana, el Poder Judicial del Perú estará en el centro de la atención pública con la elección de su próximo presidente. Con una participación limitada a 18 jueces supremos titulares, esta elección determinará no solo al líder de este poder del Estado, sino también al presidente de la Sala Plena y del Consejo Ejecutivo. La tarea, sin duda, es titánica, especialmente en un contexto de desconfianza generalizada hacia la institución.
La credibilidad del Poder Judicial atraviesa una crisis profunda. Según Datum, el 77% de los peruanos desconfía de los jueces, en gran medida por percepciones de corrupción y connivencia con el crimen organizado. Este panorama adverso coloca al próximo presidente frente al reto de iniciar una transformación que reconecte al Poder Judicial con la ciudadanía y restablezca la fe en el sistema de justicia.
Los tres candidatos presentan trayectorias y propuestas diferenciadas:
Janet Tello Gilardi, reconocida por su enfoque en la justicia de género y el acceso a la justicia, tiene una plataforma extensa que abarca 138 acciones. Aunque su experiencia y propuestas en materia de género son sólidas, se enfrenta al desafío de demostrar cómo su visión podrá impactar de manera efectiva en la totalidad del sistema judicial.
Carlos Arias Lazarte, con experiencia en la modernización tecnológica y la justicia inclusiva, basa su plan en estudios internacionales como los de la OCDE. Su énfasis en la independencia judicial y la eficiencia tecnológica lo posiciona como un candidato con una mirada estructural y estratégica, aunque el reto será aterrizar estas propuestas en acciones tangibles.
Manuel Luján Túpez, el más reciente en asumir su rol como juez supremo, destaca por su labor en la lucha contra el crimen organizado y su trabajo en la extinción de dominio. Su propuesta de un pacto social para fortalecer la independencia judicial muestra una intención de diálogo institucional, aunque su experiencia más limitada en el ámbito supremo podría ser vista como un desafío.
La importancia de esta elección radica en que no solo es una cuestión administrativa; se trata de liderar un cambio profundo en una institución clave para la democracia. Las cifras de desconfianza revelan un grito de auxilio ciudadano que exige transparencia, eficacia y justicia.
