Todos los días conocemos casos de tiendas, bodegas o viviendas de comerciantes atacadas por delincuentes. Artefactos y bombas explotan en las puertas de los inmuebles. También hay balaceras. Son prácticas delincuenciales para extorsionar a emprendedores y pequeños empresarios. Generan zozobra y terror en uno de los sectores claves de nuestra economía.
“Una de cada diez bodegas cerró por la extorsión en el país”, dijo el presidente de la Asociación de Bodegueros, Andrés Choy. “No se puede abrir una bodega, es mejor no tener nada”, reveló un comerciante que había sido extorsionado. Es evidente que el crecimiento de la criminalidad daña la economía. Hay muchos ejemplos de emprendedores que quieren darle lo mejor a los suyos, pero están en la quiebra o al borde de esta por el ataque de la delincuencia y la inacción del Gobierno, que sigue sin tomar conciencia de la gravedad de la inseguridad ciudadana y mucho menos, tomar decisiones para frenarla. Las cifras de víctimas y afectados aumenta pero nadie hace nada. ¿A qué cifra habrá que llegar para que actúe el Gobierno? Solo la preguntarlo ya estremece.
Hace poco el ministro de Justicia, Eduardo Arana, reveló que las extorsiones aumentan porque la gente “acepta o de deja intimidar por la vía telefónica”. La falta de empatía y la aparente desconexión del funcionario del Gobierno con la realidad de las víctimas de extorsión es preocupante. Esto demuestra el paupérrimo papel del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia.
