Este antiguo lema del Banco Mundial está más vigente que nunca en estos tiempos en que la crisis política y económica sacude los países de la región. En todo nuestros países defendemos la democracia y el estado de derecho, pero nos falla el sentido común para proteger las instituciones que lo hacen posible, una de ellas el Congreso de la República cuya legitimidad va cuesta abajo con cada escándalo que involucra congresistas cuestionados. Si no podemos garantizar el respeto al derecho, el estado se desmorona en las esperanzas colectivas, entre la gente que necesita creer en organismos públicos que velen por su cumplimiento, en especial entre los jóvenes que desconfían de la política. Es algo en que debemos pensar cuando un escándalo está por ser conocido como los recortes de sueldo de trabajadores o por ser generado cuando se concibe un privilegio injustificado como un bono adicional a los sueldos. Arrojada la piedra no tiene regreso, el daño está hecho para el Estado, el país y la sociedad. Cuando se exponen tan fácilmente las instituciones a la vindicta pública derivada de situaciones críticas no hay sentido del interés general. Lo más dramático es la ausencia de partidos que se comprometan a tiempo con las rectificaciones. En el congreso, con honrosas excepiones, solo vemos coordinadores de bancadas y de prebendas que olvidaron hace tiempo sus promesas de reformas que cambiarían la economía, la política y la sociedad. Después del gobierno de Pedro Castillo creímos que salíamos de un extremo irrepetible. Pero siempre puede ser peor y esta inercia displicente contrasta con las manifestaciones violentas, siendo ambas expresión de la frustración y el descontento. Nuestras instituciones son el repositorio de la esperanza. Toca a nuestros representantes poner este tema en  el debate con sentido de urgencia.