Por decirlo, de manera simple y directa, las ONG forman un capítulo singular en los procesos de manejo de las crisis, como actores principales. El objetivo real de estas organizaciones, salvo excepciones, es formar parte de un núcleo duro de poder tejido alrededor de los intereses públicos, de los anhelos ciudadanos y de las urgencias empresariales.
Generalmente, buscan ejercer influencia perversa sobre el Estado con el afán de domesticarlo, de encimarlo, de manejarlo y muchas veces de desprestigiarlo. En este ámbito, entre las ONG y el Estado hay un conflicto permanente de coexistencia, de una calculada mutua exclusión.
En el Estado, principalmente centran su actuación en las áreas de la capacitación, asesoría y veeduría de los procesos en los que se ve incurso, en el afán final de alcanzar la cogestión, en el manejo del poder, desde la comodidad de presentarse como no gubernamentales. Con las empresas en el rol de apoyo en el campo sensible de las relaciones comunitarias y de responsabilidad social, y como interlocutores válidos ente el Estado y las comunidades.
No escatiman esfuerzo alguno para poner cara de calculada neutralidad y eficiencia como amigables mediadores y sinceros componedores de las relaciones maltrechas entre el Estado, las empresas y las comunidades, dizque como un servicio noble y sin fines de lucro, en aras de la paz social y el desarrollo.
Lamentablemente, nada más lejano de la realidad. Salvo excepciones puntuales, estas organizaciones aspiran a alcanzar, aunque sea una mínima cuota del poder estatal, es decir, de las organizaciones gubernamentales a las que por definición no pertenecen. La incompetencia, la impericia o la torpeza en el manejo de los conflictos sociales de origen ambiental por parte del Estado y de las empresas, traen consigo la incursión de las ONG “ambientalistas”, las que en la gran mayoría de los casos se ceban de los conflictos.
