La propuesta de reforma constitucional para modificar el artículo 117 CP y ampliar las causales de acusación presidencial puede terminar con consecuencias contraproducentes al sistema político. No olvidemos lo auspiciosas que fueron las propuestas de no reelección parlamentaria y abolición a su garantía de inmunidad. Hoy tenemos una mayoría de representantes sin experiencia y que pueden ser “empapelados” penalmente para detenerlos si son incómodos al poder.

El blindaje presidencial que conocemos data desde la Constitución de 1839 con la finalidad de procurar su estabilidad política, luego se incorporó el Consejo de Ministros y la interpelación (Constitución de 1860) para trasladar la responsabilidad política en su gabinete. El propósito era conservar la estabilidad del Jefe de Estado en su mandato y que pueda cambiar ministros para superar las crisis políticas, que no son pocas. En la actualidad, se ha consolidado la percepción ciudadana que la corrupción alcanzó la jefatura de Estado (cinco expresidentes en la mira fiscal), pero las reformas propuestas no consideran la razón histórica de la presencia de instituciones que datan del siglo XIX.

En el Perú, un presidente de la República sin blindaje producirá mayor inestabilidad; por eso, ampliar las causales de acusación a casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico no sólo mella la presidencia como institución sino la honorabilidad de su titular cuando también personifica la nación. La causal de vacancia por incapacidad moral permanente existe para eso, alude cualquier conducta impropia en ejercicio del cargo sin tener que tipificarla en la norma constitucional que no es un código penal.