El escándalo de las “vacunas vip” que puso al descubierto una flagrante falta ética del expresidente Martín Vizcarra, abrió también una enorme ventana de sospecha en la elección primero, y compra después, de la vacuna china. La onda expansiva llegó hasta a comprometer reputaciones de personas y entidades. Un demoledor golpe a la confianza pública. Por si fuera poco, especialistas empiezan a especular que, al ritmo que vamos, el gobierno peruano habrá vacunado apenas a un 70% de la población para el año 2026.
Con tales antecedentes, cabe preguntarse qué tan confiable es dejar toda la responsabilidad al Estado para administrar las vacunas. Por ejemplo, ¿habrá posibilidad de que malos funcionarios nos den vacunas bamba? ¿O que las condiciones de refrigeración serán las adecuadas en toda la cadena de frío requerida para ciertas vacunas? ¿Podremos confiar en que la vacuna china cumple con los estándares de calidad aceptables o será que fue elegida porque alguien cobró una coima que otro proveedor no se animó a pagar? Y por último, ¿cuánto tiempo nos tomará vacunarnos todos si dependemos de la “alta eficacia” estatal?
El gobierno comete el mismo error garrafal del régimen de Vizcarra al enfocar ideológicamente el problema de la pandemia. Si Vizcarra cometió el error de sacar a la gente a la calle por consideraciones de género –para luchar contra el patriarcado, según uno de sus famosos asesores– hoy Sagasti se niega a considerar al sector privado como socio para adquirir vacunas, pues esto conduciría a romper la equidad social en la adquisición de esos medicamentos. Algo que no se entiende. El gobierno tiene que asegurar la provisión de vacunas para todos los peruanos de manera gratuita. Nadie lo pone en duda. Pero ¿por qué no permitir que empresas privadas importen otras vacunas por las que algunos peruanos podrían estar dispuestos a pagar en mercados abiertos y legales? Salvemos vidas, no ideologías.
Eugenio D’Medina es candidato al Congreso por Avanza País
