En Ciencia Política, disciplina que estudia el poder, la historia del pensamiento político, los conflictos políticos que, invariablemente surgen al interior de las sociedades y los diversos procesos que conforman las decisiones en políticas públicas, se suele establecer una nítida diferenciación entre «legitimidad de origen» y «legitimidad de ejercicio». Esta precisión, coopera de manera significativa en la manera de comprender las fuerzas internas que mueven a la política. La «legitimidad de origen», hace referencia a la procedencia del poder, que nace del sufragio. De manera periódica, nuestro sistema democrático hace un llamado colectivo para asistir a las urnas con el propósito de elegir a nuestros representantes. Los organismos constitucionales autónomos encargados de asegurar que el sufragio sea la libre y fiel expresión de las preferencias ciudadanas, son el Jurado Nacional de Elecciones, que opera como el guardián de los comicios, y evita un escrutinio adulterado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otras funciones, tiene la de organizar y educar en materia electoral. Y, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que tiene por función, actualizar el padrón electoral. En cambio, la «legitimidad de ejercicio» está estrechamente vinculada, al desempeño en el ejercicio de las funciones. En el Perú, el problema no es la «legitimidad de origen» sino la «legitimidad de ejercicio». En alcaldías, gobiernos regionales, órganos políticos colegiados como nuestro Congreso o la Presidencia de la República, el problema es idéntico: En el ejercicio de sus funciones, los políticos acentúan la crisis, y por eso, la desaprobación popular, sigue ascendiendo.
