Ayer, el gobierno de Keiko Fujimori decretó un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao. Salvo un breve lapso, la capital y la provincia constitucional llevan en emergencia desde el 18 de marzo de 2025, tras el asesinato del cantante Paul Flores, y fue prorrogada mes tras mes, hasta sumar 17 meses. Ahora Fujimori firma el suyo. La pregunta que nadie responde es ¿sirven de algo?
Los números revelados por el analista de datos Juan Carbajal, que cita datos del Sinadef, responden con crudeza. Del 28 de julio al 24 de agosto del 2026, el Perú registró 151 homicidios. El 75,5% fueron cometidos con arma de fuego. Lima concentra la mayor cantidad de muertes, con 48. Seis peruanos asesinados por día, la misma tasa que denunciábamos semanas atrás. El estado de emergencia perenne no movió esa aguja. Nada indica que el nuevo la mueva solo.
Decretar emergencia es más sencillo que actuar. Suspender derechos constitucionales es una herramienta legítima en contextos extraordinarios, pero cuando se vuelve permanente pierde eficacia y credibilidad. Si una medida extraordinaria dura 17 meses ya no lo es, salvo que se hagan cambios y ajustes.
Lo que el país necesita no es otro decreto, sino cambios como los ofrecidos por este nuevo gobierno. Se necesita inteligencia policial, fiscales que procesen, jueces que condenen y generales dispuestos a rendir cuentas. Mientras eso no ocurra, los estados de emergencia serán solo el papel que el Estado le muestra al miedo.
