La Constitución consagra la libertad de expresión dentro del derecho a la información. No existe delito de opinión, pero hay límites como los aplicados por Dina Boluarte y Alberto Otárola, al ahora exministro de Educación, Oscar Becerra, por haberse salido del libreto y haber dicho lo que pensaba en aspectos sensibles. Parecía que estábamos dejando atrás los vergonzosos gabinetes de Pedro Castillo con un ministro de la talla, la rectitud y el conocimiento de Óscar Becerra. Era un anuncio de mejores tiempos. Con su reconocida solvencia intelectual y su honestidad no vaciló en denunciar el corrupto manejo de las consultorías que durante varios gobiernos ocasionaron el enorme gasto de más de 720 millones de soles a cambio de documentos de dudosa calidad y escasa utilidad. Nadie podría estar en desacuerdo con aportes intelectuales valiosos para la educación, pero no ha sido el caso. Tantos privilegiados consultores no evitaron que la educación pública se fuera deteriorando sistemáticamente en estas últimas décadas lo que convierte tan enorme inversión en gasto deshonesto por improductivo. mientras los sueldos de los profesores disminuían al igual que la calidad de la enseñanza. Becerra habló claro en relación a la SUNEDU. Afirmó que no había cumplido con las demandas de la ciudadanía porque habría contado con una dirección parcializada al servicio del poder de turno. Gran verdad, insoportable para muchos. Becerra ya está fuera del sector, silenciado por su exceso de franqueza y porque resultó incómodo, no solo para quienes vivieron de las consultorías y de las multas de la SUNEDU durante mucho tiempo. Su exabrupto sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera merecido una simple explicación, pero lo querían lejos. Una pena cuando más necesitamos gente que piense en el país y nos devuelva la confianza.