Son tiempos movidos para la región. A la importante y vital decisión que nos corresponderá tomar el próximo domingo 6 de junio, se suman los disturbios en Colombia y la reciente elección de la convención constitucional en Chile. La victoria de la oposición política al gobierno, le ha dado mayoría suficiente para redactar una nueva Constitución. Las reformas que primero saltarán a la vista son aquellas que componen el sello, o aggiornamento, de las llamadas constituciones del socialismo del Siglo XXI y que acompañaran sus cambios de fondo: la denominación como Estado plurinacional, una redacción que aluda simultáneamente a las chilenas y chilenos, su invocación a la Pachamama (madre tierra) e inspirada íntegramente por el principio transversal del sumak kawsay o derechos del “buen vivir”, es decir, la explotación de los recursos naturales bajo el lema: de la tierra, sólo toma lo necesario.
Si el mínimo constitucional irreductible es el reconocimiento de derechos y libertades, así como la separación de poderes, la experiencia en Venezuela y Bolivia burló ambos condicionantes mediante la reelección presidencial inmediata para luego alcanzar una indefinida por consulta popular, además de copar la administración pública progresivamente. Sin una efectiva división de funciones del poder, la libertad de expresión y la propiedad privada serán los primeros derechos en ser afectados. En lo que respecta a la seguridad jurídica y estabilidad económico-monetaria, desconocer la autonomía constitucional del Banco Central para un país con el mayor ingreso per cápita y reducción de la pobreza en la región, sólo producirá fuga de capitales, y disminuir la inversión y desempleo. Es cierto que las cifras del milagro chileno necesitaban de una oportuna autocrítica realizando ajustes para el bienestar general, pero dentro del marco del orden político-jurídico establecido por una Constitución de más de cuarenta años de vigencia.
