Hasta agosto del presente año, el Congreso gastó 3 millones 613 mil 570 soles para financiar los viajes de sus legisladores. Si bien es natural que los representantes del pueblo deban participar en eventos nacionales e internacionales en función de su labor legislativa, es imperativo evaluar si estos gastos se han traducido en resultados y beneficios concretos para el país.
Si pasamos estos viajes por el tamiz de la objetividad, podemos decir que han sido improductivos. Es natural que los congresistas argumenten a favor de sus salidas a otros países, sin embargo, es es esencial que informen los resultados y beneficios tangibles de estos traslados financiados por el erario público, es decir, por todos nosotros. Ellos no son fuente de riqueza. Todo lo que gastan tiene que ser, tarde o temprano, extraídos de lo que genera la población.
Ante esta coyuntura, la sensación es que están abusando de sus privilegios y hacen lo que quieren de acuerdo a sus intereses personales.
Por eso, esta práctica plantea preguntas legítimas sobre la necesidad y la eficiencia de estos desplazamientos. Sería bueno que el Congreso garantice que cada viaje debe estar vinculado directamente a la función legislativa y al interés público, y debe someterse a un análisis de costos y beneficios para determinar si efectivamente contribuye al bienestar del país.
Recuerden que la confianza en el Congreso y el sistema democrático depende en gran medida de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
