La fiscal Marita Barreto Rivera y el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder en el Perú realizó intervenciones con detenciones, en la investigación que involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a tres asesores: Alberto Hurtado, Miguel Ángel Girao y Jaime Villanueva.
Esta presunta organización criminal habría “comprado votos” a cambio de impunidad, para lograr la inhabilitación de Zoraida Avalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y la posible destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, todo con la complicidad del Congreso.
Estos intentos de consolidar una dictadura congresal tienen como objetivo manipular el sistema político electoral para encumbrar como presidenta de la República a Keiko Fujimori el 2026.
La política de copamiento del aparato electoral y judicial es posible porque la alianza derechista y conservadora, en cabezada por el fujimorismo, mantiene como aliados menores factibles de manipulación a Boluarte y a Benavides.
Se han sucedido actos de desesperación, pues Benavides pretendió destituir a Marita Barreto Rivera del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder además de denunciar constitucionalmente a Boluarte y otros ministros por homicidio en contra de manifestantes a comienzos de año, así como la Autoridad Nacional de Control del MP suspendió al fiscal Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato
Se produce una lucha de poderes en un “todos contra todos” que debilita al Ministerio Público, pero, sobre todo, a la institucionalidad democrática del país.
Es posible que se haya abierto un camino de solución a la larga crisis política: la renuncia de Boluarte o el adelanto de elecciones generales. La ciudadanía ha empezado a movilizarse y se escucha en las calles “que se vayan todos”.
