Enero y febrero 2023 van pasando y con ellos las imágenes de la protesta vandálica y los debates del adelanto de elecciones o de la asamblea constituyente. Pero no podemos olvidar el drama de Madre Dios, Puno y Cusco. Tampoco la inoperancia del gobierno frente a una violencia que ha dejado daños irreparables. El golpe de Pedro Castillo a pesar de ser fallido dejó secuelas de destrucción, temor, crisis y desconcierto. Las protestas usan el abandono y las carencias de poblaciones enteras a las que orientan a la violencia y la destrucción. Castillo y sus seguidores prohijaron la ideología radical y los excesos de Perú Libre y del Movadef para gestar la amenaza autoritaria que no funcionó gracias a la reacción de las instituciones democráticas y la defensa del Estado. Pero ni el gobierno ni la sociedad pueden dejar de atender las enormes brechas sociales y el resentimiento de las mayorías por la injusticia social en que viven, al margen de la educación, sin luz y sin agua, agobiados por enfermedades como la tuberculosis que diezma familias enteras. La agenda social es urgente y está pendiente, la pobreza aumentó durante la pandemia y los últimos gobiernos hicieron caso omiso de realidades que son funcionales a quienes se proponen incendiar la pradera. No solo restaurar el orden y la gobernabilidad, es indispensable desterrar la impunidad identificando y procesando a los cabecillas del vandalismo. Tenemos que reconstruir la firmeza del Estado y la confianza en la democracia y dar señales claras a los inversionistas. Y por supuesto combatir la desinformación para notificar al mundo que no somos el país de la represión fascista contra indígenas que protestan pacíficamente, como lo pinta una narrativa lamentable a la que algunos grandes medios foráneos dan credibilidad.