El Congreso defendió sus fueros constitucionales y con ello el orden jurídico, el estado de derecho y la democracia. En memorable jornada enfrentó legal y políticamente la embestida del Ejecutivo. La embalsada cuestión de confianza y la manifiesta voluntad de Pedro Castillo de cerrar el Congreso y reeditar el crimen político de Martín Vizcarra, llenó de tensiones, la escena política. Pero esta vez la historia no puede ser la misma y el Tribunal Constitucional no lo permitió, aplicó la ley 31355, vigente y validada en su constitucionalidad, que regula la cuestión de confianza, aquella que determina que solo el Congreso puede interpretar si da o niega la confianza. Gracias a ella el Ejecutivo no tiene esa facultad y por tanto no existe ninguna bala de plata ganada o perdida. Que Pedro Castillo haya dado un mensaje a la nación al finalizar el día asumiendo un “rehusamiento expreso de la confianza” no significa ninguna bala de plata con fines de cerrar el Congreso. Puede hablar y lo ha hecho como presidente de la República, pero no le corresponde interpretar la decisión del Legislativo. El renunciante premier Aníbal Torres se va con su gabinete, y bien que se vaya, su cuestión de confianza era improcedente e ilegal y así lo señalaron los mejores constitucionalistas consolidando principios irrenunciables. Y fundamentalmente el Tribunal Constitucional que muy oportunamente proclamó la constitucionalidad de la Ley 31399, cuya plena vigencia fortalece al Congreso en sus competencias exclusivas y excluyentes sobre reforma constitucional. El rechazo congresal de plano es absolutamente constitucional y legal. Lo más importante, deja en el pasado el precedente de la vergonzosa denegación fáctica y precisa escrupulosamente los parámetros para las presentaciones de la cuestión de confianza, en adelante. Aplausos por la democracia y la ley.